Por Andrea Albert

El Parlamento Europeo aprobó el 11 de septiembre de 2018 por mayoría la propuesta de reforma del copyright en Internet: 438 diputados a favor, 226 en contra y 39 abstenciones. Esta reforma es un núcleo de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, que pretende adaptar estos derechos al entorno digital teniendo en cuenta las novedades introducidas en el sector y de esta forma, corregir los desequilibrios producidos en consecuencia.

La propuesta proviene de un grupo encabezado por Axel Voss, eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) que defienden la importancia de introducir modificaciones en la actual Directiva vigente desde 2001, con el fin de conceder al autor una protección más amplia a través de diversas garantías y remuneraciones justas frente a las grandes empresas que gobiernan Internet que obtienen beneficios por la difusión de sus obras. Por otro lado, se encuentra en la oposición la eurodiputada Julia Reda, alegando que la reforma no ayuda a los artistas sino que pone en riesgo la libertad en Internet.

Esta misma propuesta ya fue rechazada por el Parlamento Europeo hace dos meses por una diferencia de 40 votos. Este nuevo resultado se debe a las enmiendas que se han realizado durante estos dos meses, en concreto los artículos 11 y 13, los artículos más polémicos, que fueron los causantes de la respuesta negativa por parte de los eurodiputados.

El artículo 11 concede un derecho conexo renunciable para los editores de prensa, para autorizar o prohibir a las plataformas digitales que comparten noticias online que reproduzcan las publicaciones de sus medios y decidir si quieren reclamar una compensación económica por ello. La propuesta no afecta a los enlaces, ni siquiera si van acompañados de pocas palabras, pero sí a los fragmentos de noticias y su uso por parte de plataformas comerciales. Los editores podrán hacer valer este derecho durante un período de 20 años.

El artículo 13, el principal foco de discordancia, recoge que los portales que almacenan, optimizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales realicen un control de que esos contenidos compartidos en la Red no infringen derechos de autor. Únicamente será necesario realizar un control a posteriori, cuando se les señala una violación del copyright. La reforma pretende que obtengan una licencia o acuerdos de los titulares de los contenidos e implementen “medidas apropiadas y proporcionadas” para evitar alojar obras protegidas sin autorización. Si la plataforma digital no obtiene un acuerdo con los autores, deberá asegurar “que no se compartan ni estén disponibles aquellas obras o trabajos que puedan infringir derechos de autor”.

Para los detractores, estas propuestas son un claro ejemplo de censura, una forma de control de los contenidos, siendo una medida de muy difícil ejecución a nivel tecnológico y económico. En cambio para los defensores, la propuesta incluye excepciones que se protegen a pequeñas empresas o blogs, y además se garantizan mecanismos de queja y rescate para los contenidos que sean suprimidos injustamente.

La controversia ha generado que multitud de partes se hayan pronunciado al respecto. Entre ellas, los ministros de Cultura de una decena de países, entre los que se encuentra España, redactaron una declaración apoyando la reforma que ahora se debate en el Parlamento. Así como artistas europeos que han apoyado la directiva porque consideran que otorga poder a los autores que utilizan Internet para difundir sus obras, y lo consideran una forma de defensa del patrimonio cultural y de remuneración justa por la distribución de sus creaciones, por parte de las plataformas que obtienen un beneficio por ello.

Si finalmente la directiva es aprobada, las grandes compañías como Facebook, Google, YouTube y Pinterest deberán replantearse la manera de remunerar a la industria creativa, otorgándoles un porcentaje de sus beneficios que de acuerdo con esta propuesta tienen derecho.

En el bando de los detractores, se ha pronunciado EDIMA, la asociación que representa a las plataformas online y otras empresas de tecnología innovadoras, mantiene una postura crítica, considerando que esta directiva limitará las noticias que están disponibles para compartir por los usuarios de internet e impedirá que suban determinados contenidos.

En cualquier caso se trata de una aprobación inicial, pues lo que han favorecido es que el informe pase el primer obstáculo, pues el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo deben alcanzar un consenso de una versión definitiva que deberá ser aprobada de nuevo en Estrasburgo para convertirse en Directiva Europea, que posteriormente deberá transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. Todo ello con una especial rapidez ya que las elecciones europeas se celebrarán el próximo mayo de 2019.