Ayer día 21 fue publicada en el BOE la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales dando así cumplimiento a la obligación impuesta por la Directiva (UE) 2016/943 Del Parlamento Europeo y Del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

 

La Ley de Secretos Empresariales, ayer publicada, viene a completar un sistema de protección en donde aquella información no protegida bajo una modalidad de propiedad industrial o intelectual, pero importante y valiosa para la empresa, quedaba en muchas ocasiones en riesgo de ser divulgada o utilizada por terceros., ayer publicada, viene a completar un sistema de protección en donde aquella información no protegida bajo una modalidad de propiedad industrial o intelectual, pero importante y valiosa para la empresa, quedaba en muchas ocasiones en riesgo de ser divulgada o utilizada por terceros.

 

Con esta Ley, cuyo origen es la Directiva 2016/943, se sientan las condiciones en las que una información concreta alcanzará la categoría de secreto empresarial quedando de ese modo reforzada su protección frente a posibles usurpaciones.

 

A diferencia de otras formas de protección, como por ejemplo las patentes, los secretos empresariales o industriales no suponen una protección erga omnes sino sólo frente a aquellos que pudieran haber accedido a la misma e incumplan un deber de confidencialidad.

 

Para ello las empresas deberán incorporar la cultura, la política y los protocolos técnicos y jurídicos oportunos de confidencialidad para poder hacer valer esa protección reforzada en relación a su información valiosa o crítica.

 

VITORIA DE LERMA ha sido pionero en este campo ofreciendo, desde la publicación de la Directiva, formación interna a empresas y adecuación de sus sistemas y protocolos para poder beneficiarse de esta forma de protección.

 

El secreto empresarial no es nuevo el nuestro ordenamiento jurídico pues ya se citaba en los artículos 12 de la Ley de Competencia Desleal y 278 y 279 del Código Penal, si bien no existía una definición normativa sino una construcción jurisprudencial que, en esencia, no difería en exceso con lo que ahora ha quedado, desde ayer, definido con fuerza de Ley.