Por Yaiza Bascón:

La nueva normativa adapta nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”).

Uno de los objetivos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales es facilitar a los ciudadanos el acceso a los medios para el ejercicio de sus derechos relativos a la protección de los datos de carácter personal.

Entre los aspectos novedosos encontramos que, en lo que respecta a personas fallecidas, podrán ejercer el derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión quienes tuvieran  vinculación familiar o de hecho, así como los herederos.  

Para los menores, se fija la edad de 14 años para poder prestar consentimiento de manera autónoma. El menor también tendrá derecho a solicitar la supresión de los datos facilitados a través de redes sociales.

La nueva ley afecta incluso al sistema educativo, ya que garantiza tanto la formación del alumnado sobre el uso seguro de Internet, como la formación del profesorado al que se le exigirá una formación adecuada en esta materia. La ley dispone que en el plazo de un año el Gobierno deberá remitir un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar estos derechos.

A modo de resumen, podemos destacar la inclusión de nuevos derechos digitales en la nueva Ley Orgánica, tales como el Derecho a la neutralidad de Internet, el Derecho de acceso universal a Internet, Derecho a la educación digital, Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, entre otros.